Presentado en Madrid el Tratado de Derecho de la Vivienda, obra de referencia sobre el marco jurídico de la vivienda en España

Este miércoles 28 de enero se ha presentado en la oficina de la Comisión Europea en España, situada en el Paseo de la Castellana de Madrid, el Tratado de Derecho de la Vivienda, una obra colectiva de gran alcance que ofrece un análisis integral, sistemático y actualizado del régimen jurídico de la vivienda en España.

El tratado reúne las aportaciones de 85 autores y autoras procedentes de distintas disciplinas, reflejando el carácter transversal y la complejidad de las políticas públicas de vivienda. Se trata de una obra estrechamente vinculada a AVS, cuya participación refuerza la conexión del contenido con la experiencia práctica y el conocimiento acumulado del sector público de la vivienda.


Dirigido por los catedráticos Matilde Cuena Casas (Universidad Complutense de Madrid) y Julio Tejedor Bielsa (Universidad de Zaragoza), el tratado se estructura en seis grandes secciones, organizadas en bloques temáticos que abordan los principales retos jurídicos, económicos y sociales relacionados con la vivienda. Esta organización permite ofrecer una visión completa y rigurosa de una materia clave para la acción pública y la garantía efectiva de derechos.


Recientemente, el Tratado de Derecho de la Vivienda ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, lo que supone un reconocimiento institucional de su relevancia y utilidad práctica. En la obra participan también Enrique Bueso Guirao, Juan Manuel Pérez Mira, Sergio Nasarre Aznar y Ana Silvestre Navarro, profesionales con una amplia trayectoria académica y técnica vinculada a AVS.


El tratado pone de relieve el papel de los gestores públicos de vivienda y suelo como actores esenciales para la efectividad del derecho a la vivienda, subrayando la necesidad de dotarlos de mayor seguridad jurídica, instrumentos normativos claros y capacidad operativa suficiente. En este sentido, la obra se consolida como una herramienta de referencia para responsables públicos, operadores jurídicos y profesionales del sector, contribuyendo a reforzar la seguridad jurídica, la planificación estratégica y la acción pública en materia de vivienda y servicios públicos asociados.