El País Vasco cuenta con más de 25.000 viviendas de gestión pública destinadas al alquiler social. Están repartidas por toda la comunidad y presentan características muy heterogéneas en cuanto a antigüedad, materiales constructivos, accesibilidad, tipo de suministro energético.. El consumo energético y el gasto asociado es un problema importante, sobre todo, en el caso de los colectivos más vulnerables.
Y la complejidad actual del mercado eléctrico provoca, en muchas ocasiones, que los modelos de suministro contratados no se ajusten a las necesidades de los usuarios.
Para remediar esta situación, se ha puesto en marcha un servicio pionero de acompañamiento energético, con la figura del “Gestor energético”, de carácter gratuito, que ayuda a las personas inquilinas a revisar todos los aspectos de su factura eléctrica y de calefacción o gas natural, y les asesora en hábitos de consumo más eficientes. El proyecto, denominado “e-lagun”, está impulsado por AVS Euskadi, el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco y las entidades sociales de vivienda Alokabide, Donostiako Etxegintza, Sestao Berri y Viviendas Municipales de Bilbao. El objetivo final es conseguir un modelo de gestión integral de la energía en la vivienda pública, que garantice la optimización de los recursos existentes y el mayor confort para las personas inquilinas al menor coste posible.
Para el desarrollo de este proyecto se está estudiando el comportamiento energético de 2.000 viviendas públicas, repartidas en 150 edificios ubicados en Barakaldo, Bilbao, San Sebastián, Sestao y Vitoria. El análisis de los suministros comunes de los edificios públicos (garajes, ascensores, iluminación de zonas comunes…) desvela márgenes importantes de mejora y abaratamiento. Lo mismo sucede en los hogares, donde se ha detectado que tres de cada cuatro familias pagan entre 100 y 120 euros más de lo que deberían al año.
En última instancia, el proyecto e-lagun estudia abrir la puerta en un futuro a la posibilidad de incorporar la energía como un concepto más en la gestión de las promociones de alquiler público y asegurar, en su caso, el suministro de energía limpia y en las mejores condiciones de coste, mediante nuevos instrumentos públicos (gestor público de energía) o estimulando gestores privados competitivos.
